La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores, para que terminen de liquidar los convenios interadministrativos que suscribieron bajo el amparo de la reforma a la Ley de Garantías durante el tiempo de elecciones, ajuste que, sin embargo, se cayó en el examen constitucional por error de trámite en el Congreso. 

Esta norma eliminaba las restricciones que hasta ese momento regían para los periodos electorales.

No obstante, estos convenios quedaron sin sustento tras caerse la normatividad en la Corte.  

Según información de Colombia Compra Eficiente, con base en la reforma a la Ley de Garantías este año 10 entidades suscribieron 99 contratos por $388.841 millones.

Margarita Cabello Blanco, jefe del Ministerio Público “pidió a las entidades contratantes del orden nacional adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin efecto el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, el cual autorizaba la celebración de convenios interadministrativos para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación, vigencia 2022”.   

De igual forma, la Procuraduría General de la Nación formuló requerimientos a las alcaldías y gobernaciones de todo el país para que informen, tanto de la suscripción de los convenios interadministrativos con la Nación, como de los contratos celebrados con terceros.   

Así mismo, el Viceprocurador General de la Nación impartió instrucciones a las procuradurías regionales, distritales y provinciales para la vigilancia preventiva de los convenios interadministrativos celebrados entre la Nación y las entidades territoriales, con el fin de prevenir que los recursos públicos involucrados se utilicen con fines diferentes al interés general.   

En cumplimiento de dicha directriz, las procuradurías territoriales realizaron, en mayo de 2022, visitas a las gobernaciones y alcaldías para verificar el estado y ejecución de los convenios y contratos.